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Luis Betnaza, director institucional del Grupo Techint

El juez Claudio Bonadio procesó a 23  empresarios como partícipes de la asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner. Según el juez, el monto que reconocieron haber pagado los empresarios,  sumado a los registrados por Oscar Centeno en sus cuadernos, “permiten afirmar que el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva asciende a una suma aproximada a USD 100.000.000“, con la aclaración de que en muchas de sus anotaciones, el chofer de Roberto Baratta no precisó la suma de los pagos que se efectuaban.

Bonadio enumeró en su fallo los distintos montos de dinero que los propios empresarios reconocieron haber pagado en el período investigado: Juan Carlos De Goycoechea (ex CEO de Isolux) USD 300.000; Luis Betnaza (Techint) USD 1.000.000; Hugo Eurnekián (Corporación América) USD 200.000; Hugo Dragonetti (constructora Panedile) USD 1.400.000; Jorge Balán (Industrias Secco) USD 600.000; Gabriel Romero (Emepa) USD 150.000; Supercemento USD 3.000.000; Aldo Benito Roggio (Grupo Roggio) USD 500.000; Alejandro Ivanissevich (Emgasud) USD 100.000; Manuel Uribelarrea (UCSA) USD 1.500.000; Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) USD 1.800.000 dólares; y Francisco Valenti (Pescarmona)  USD 1.385.000, entre otros. La cifra asciende a USD 55.460.000 en coimas, según reconocieron los propios hombres de negocios devenidos en arrepentidos.

Según el juez, lo hicieron “en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015, lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita“.

El magistrado también advirtió que algunos de los empresarios, como Carlos Wagner, Juan Chediak y Roggio, entre otros, reconocieron que “se abonaron diversas sumas de dinero durante muchos años, por lo cual a la fecha no puede establecerse a ciencia cierta cuánto dinero se abonó en el período investigado, pues los pagos eran ilegales y no fueron registrados”.

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Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción junto a Cristina Kirchner (NA).

La responsabilidad de los empresarios

En su extensa resolución de  558 páginas, el magistrado destaca que para el desarrollo de la maniobra delictiva “no resulta menor el aporte realizado por los empresarios imputados, siendo que muchas de las empresas contaban con contratos o concesiones que dependían del Estado Nacional -particularmente del ex Ministerio de Planificación Federal-, y contribuyeron con su financiamiento al mantenimiento del sistema, obteniendo como rédito continuar con contrataciones, en muchos casos perjudiciales para el Estado Nacional”.

En este sentido, el juez descartó como válidos “los argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las empresas involucradas fueron beneficiadas por contrataciones con el Estado Nacional, realimentando este circuito macabro teniendo como motivación el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios“.

En el fallo, cita lo dicho por De Goycoechea (ex Isolux) quien sostuvo ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli en su declaración como arrepentido: “Cuando declaré que Baratta me hizo el pedido de dinero para la ‘campaña electoral’ en todo momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el pago de un ‘retorno’, ‘coima, ‘soborno’ o como quiera llamárselo, y es en este último sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas de la empresa”.

El argumento de “aportes electorales” fue utilizado en un principio por todos los empresarios, hasta la declaración como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, el primero que admitió abiertamente que eran coimas. En ese sentido, para Bonadio, “si bien pudo determinarse que una parte menor del flujo ilegal de dinero obtenido por los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal a raíz de la operatoria descripta, era utilizado para el financiamiento de las campañas electorales de la agrupación Frente para la Victoria, lo cierto es que con ese dinero también se enriquecían en mayor o menor medida los partícipes de la maniobra“.

Gabriel Romero, de Emepa, otro de los empresarios arrepentidos procesados por Bonadio.

Respecto del rol jugado por los empresarios, el juez también citó la declaración como arrepentido del financista Ernesto Clarens, al describir su participación como recaudadador de los sobornos destinados al matrimonio Kirchner y altos funcionarios de su gobierno, pagados por los empresarios que se beneficiaron con obras viales. “La pretensión de justificar el pago de sobornos en una pretendida actitud coactiva de mi parte, es absolutamente inconsecuente con la cartelización previa, con la conformación misma de la camarita que tanto Losi como Chediack integraban y de la que obtenían beneficios en forma voluntaria y entusiasta“, dijo sin eufemismos el financista.

 



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